La dictadura del agua

Tras 25 horas de debate en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron a mano alzada la reforma a la Ley de Aguaspese a la firme oposición del PRI y las protestas que paralizan carreteras con tractores y caravanas de campesinos, ganaderos y productores.

Esta norma entrega a la Autoridad del Agua un poder absoluto para abrir, cerrar o revocar concesiones, convirtiendo el agua derecho humano vital—en herramienta de control político en vez de bien público equitativo. es Veracruzun litro de agua decide si el campesino de Zongolica cultiva o se va, si el ganadero de la huasteca mantiene su ganado o si el citricultor de Martínez de la Torre. salva su cosecha del sol abrasador.

Los daños son graves y variados. Complica la herencia de derechos sobre pozos, ejidos y riegos, arruinando el sustento de pequeños productores: el 70% de las fincas depende de estos títulos, y su inestabilidad acelera el éxodo rural y el abandono de tierras productivas.

Agrava la emergencia nacional declarada por la secretaria de agricultura por la plaga del gusano barrenador, porque menos agua debilita el ganado, deja avanzar las pestes y sube los precios de carne, leche y comida diaria; sin riego fijo, las pérdidas podrían pasar los 50 mil millones de pesos al año.

Peor aún, crea un catálogo de delitos hídricos que criminaliza la lucha diaria del campo. Ahora, arreglar un canal roto en sequía, bombear agua para salvar vacas o desviar un chorrito para que la gente bebe puede significar multas y cárcel, aunque sea para sobrevivir en pueblos sin tuberías ni apoyo del gobierno —el 40% de las comunidades rurales—.

es Tantoyucauna familia pasó dos días salvando su ganado con un desvío improvisado; con esta ley, los habrían metido a la cárcel como ladrones, mientras los grandes “huachicoleros“del agua siguen robando sin castigo. Esta redacción vaga no diferencia al depredador del campesino desesperado por alimentar a su familia.

Morena ignoró la consulta previa, libre e informada a pueblos originarios, violando el artículo 2 constitucional y el Convenio 169 de la OIT, que obligan a oírlos en temas de agua que tocan sus tierras ancestrales. Los pueblos originarios pueden tirar esta reforma si acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir su nulidad por falta de consulta. En vez de mesas de diálogo, Gobernación llama “conspiradores”a los manifestantes y asoma la guardia nacional para reprimir.

Hay salidas mejores: modernizar Conagua con tecnología ahorradora, subsidios directos y pactos con productores, sin castigos ni control central.

El PRI votó en contra para blindar el agua como herencia nacional. El campo clama; México rechaza este autoritarismo hídrico.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

X: @lorenapignon_

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