Congreso capitalino recibe iniciativa de Clara Brugada contra el delito de extorsión

el Gobierno de la Ciudad de México propuso una reforma al Código Penal locales para ampliar el combatir la extorsióncon la incorporación de nuevas conductas delictivas y ajustes a las sanciones ante modalidades que han evolucionado en los últimos años.

La iniciativa, enviada al Congreso capitalino por el secretario de Gobierno, César Cravioto, plantea la armonización de la legislación local con el marco federal, además de atender vacíos legales que han permitido que ciertas prácticas queden fuera de sanción penal.

En la exposición de motivos se advierte que el desarrollo tecnológico, el acceso a servicios financieros y el uso extendido de telecomunicaciones facilitan nuevas formas de extorsión, como la suplantación de identidad o la manipulación de comunicaciones, lo que complica su persecución.

Asimismo, el documento refiere que existen conductas con impacto directo en la seguridad de las personas que no encajan en la definición vigente del delito, lo que limita la actuación de las autoridades.

“Se contempla una conducta que, aunque es cotidiana y tiene grandes afectaciones a la seguridad y la tranquilidad de las personas, no se encuadra dentro de la descripción típica”, señala la iniciativa.

Entre los cambios centrales se incluye la creación del delito de hostigamiento coercitivo, que sancionará a quien, mediante violencia física o moral, obligará a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar alguna conducta, aun cuando no exista un beneficio económico directo.

¿Qué sanciones se proponen?

Para este delito se contemplan penas de tres a siete años de prisión y multas económicos, con incrementos de hasta una mitad en casos agravados, como el uso de armas, la participación de varias personas o la intervención de menores.

También se establecen agravantes cuando la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad, así como en casos donde se utilicen imágenes, mensajes o materiales de contenido íntimo, reales o simulados, como mecanismo de presión.

La propuesta incorpora sanciones más severas cuando el delito lo cometan servidores públicos o se ejecuta desde centros penitenciarios, con medidas que incluyen destitución e inhabilitación, además de la pena de prisión.

El proyecto también prevé que conductas vinculadas a la exigencia de pagos, aun sin concretar un beneficio, puedan perseguirse penalmente, lo que permite una intervención más temprana por parte de las autoridades.

La iniciativa fue recibida por la Mesa Directiva del Congreso local, presidida por el diputado Jesús Sesma, y ​​será presentada ante el Pleno para su análisis en sesión ordinaria.