Ciencia silenciosa | Artículo de Ross Barrantes
Por Ross Barrantes
Cuando Rachel Carson publicó Primavera silenciosa en 1962su contribución no fue simplemente denunciar el uso de pesticidas. Su aporte fue epistemológico: demostró cómo el conocimiento científico sólido es capturado, minimizado y distorsionado por estructuras de poder económico-político que priorizan la acumulación sobre la sobrevivencia ecológica. Carson documentó un mecanismo específico de dominación: no la ignorancia, sino el silenciamiento activo de la evidencia. Hacía falta que alguien explicara que los científicos sabían, que los datos existían, que los alimentos y el agua estaban siendo envenenados, pero que ese conocimiento era sistemáticamente descalificado en la arena pública y política.
Sesenta y cuatro años después, en 2026, ese mecanismo carsoniano de silenciamiento epistémico no ha desaparecido. Se ha cómodo. Ha incorporado nuevas dimensiones geopolíticas. Sí México y América Latina opera con particular virulencia, precisamente porque la región enfrenta simultáneamente una crisis ambiental de magnitudes catastróficas y una presión geopolítica que la obliga a elegir entre protección ambiental y supervivencia económica. El resultado es un “clima silencioso” contemporáneo donde la evidencia de colapso está disponible, donde los defensores ambientales conocen la magnitud del desastre, pero donde las instituciones que deberían actuar están deliberadamente debilitadas, criminalizadas o cooptadas.
Este artículo examina esa crisis desde la perspectiva metodológica que abrió Carson: no como cuestión ideológica sino como cuestión de captura epistémica. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre el estado ambiental de México y LATAM? ¿Quién financia esa producción de conocimiento? ¿Quién controla su circulación? ¿Cuáles son las estructuras que transforman evidencia científica sólida en “ruido” dentro del debate público?
La hipótesis que estructura este análisis es que la degradación ambiental catastrófica Que México documenta en 2024-2025 no es incompatible con las políticas públicas oficiales de “protección ambiental”—es su consecuencia lógica. El silenciamiento no ocurre a pesar de que existen instituciones ambientales: ocurre a través de ellas. Las instituciones son mantenidas deliberadamente débiles, su financiamiento es saboteado, sus funcionarios son criminalizados si actúan, y sus mandatos son subordinados a prioridades comerciales y geopolíticas. Carson entendería perfectamente este mecanismo. Cuando Carson escribió Primavera silenciosa, sus críticos—particularmente la industria química y los funcionarios públicos que dependían de sus contratos—no negaban que los pesticidas tuvieran efectos. Lo que hacían era insistir en que esos efectos eran “aceptables”, “controlables”, o que los beneficios superaban los riesgos. La estrategia no era refutar la ciencia de Carson sino desacreditarla dentro de la esfera donde la política se decide: las instituciones, los medios, el lenguaje de los funcionarios. Un veneno, después de todo, solo es veneno si alguien reconoce públicamente que es veneno. Si logras que amigo, si logras que la certeza se transforme en “debate”, has ganado.
Carson comprendió que la pregunta correcta no es “¿sabemos?” sino “¿quién controla lo que se sabe y cómo se sabe?” Esa es la metodología carsoniana. No es ecología, no es toxicología, aunque utilice ambas. Es teoría del conocimiento aplicada al poder.
En México y LATAM en 2026, esa pregunta metodológica es urgente. Porque los datos sobre degradación ambiental existen. Son abundantes, específicos, verificables. Las instituciones científicas generan esos datos continuamente. Pero ese conocimiento circula en espacios limitados: reportes de ONGs con performance, publicaciones académicas, algunas notas de prensa especializada. No circula en el espacio donde se toman decisiones sobre presupuesto, sobre autorización de proyectos, sobre políticas de Estado. Y cuando intenta circular, es inmediatamente sumergido bajo un océano de narrativas económicas, justificaciones de “necesidad”, explicaciones sobre “contexto fiscal difícil” y advertencias sobre “riesgos de inversión”.
El primer mecanismo carsoniano es el desfinanciamiento de la capacidad de producir y difundir conocimiento. En México, esto tiene números concretos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) operó en 2025 con un 39,4 por ciento menos de presupuesto que el año anterior. No es recorte menor: es desmantelamiento. Cuando una institución que supuestamente existe para proteger el ambiente es deliberadamente vacía de recursos operativos, lo que ocurre no es falta de voluntad política. Es arquitectura institucional del silenciamiento.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha perdido su capacidad para investigar y sancionar delitos ambientales. La Comisión Nacional Forestal enfrenta limitaciones similares. El resultado es que los datos sobre magnitud de degradación simplemente no se generan con la sistematicidad y cobertura que se generan. Menos investigación, menos información pública, menos capacidad de documentar crímenes ambientales. Es más fácil talar ilegalmente un bosque cuando no hay Profepa. Es más fácil contaminar un río cuando no hay monitoreo sistemático de calidad de agua. Es más fácil expandir un megaproyecto cuando no hay evaluaciones ambientales rigurosas.
Carson documenta este mecanismo perfectamente en su análisis del rol de la industria química en “financiar” la investigación sobre pesticidas. Pero aquí es el Estado mismo el que se desfinancia a sí mismo, como si le pidieran que se dispare el pie: que no conozcas lo que está ocurriendo. El resultado es una versión contemporánea de lo que Carson llamaría silenciamiento epistémico por falta deliberada de vigilancia.
El segundo mecanismo es la criminalización de quienes producen, verifican o difunden conocimiento incómodo. En México, la década de 2010 y 2020 ha presenciado una escalada de violencia contra defensores ambientales. No estamos hablando de represión política en sentido clásico—que también ocurre—sino de criminación activa. Defensores son acusados de “invasión de propiedad”, “obstrucción de comercio”, “asociación delictuosa”. Se abren procesos judiciales. Se generan climas de miedo. Se fragmenta la capacidad de generar evidencia colectiva.
En este contexto, alguien que documenta tala ilegal en Michoacán Vaya contaminación del agua en chiapas ningún solo enfrenta riesgo de represión estatal directa. Frente a la saturación del espacio jurídico: si hay proceso judicial abierto, la atención pública se desplaza del crimen ambiental al “conflicto legal”. La narrativa se vuelve “hay una disputa, hay dos versiones”, cuando en realidad hay un árbol talado ilegalmente que ya no está.
Carson no escribió sobre esto porque su contexto—EE.UU. años 1950s—era institucionalmente más estable. Pero la lógica es idéntica: si silencios a los que podrían hablar, reduce la probabilidad de que se genere. conocimiento incomodo que circule públicamente.
El tercer mecanismo es la creación de un espacio de “debate” donde la evidencia es tratada como “una perspectiva”. Carson describe cómo la industria química trabajó metódicamente para que la comunidad científica se dividiera entre “expertos que defienden pesticidas” y “expertos que critican pesticidas”, como si fueran posiciones epistemológicamente equivalentes. Lo que desaparece en esa construcción es la pregunta sobre quién financia a cada experto. ¿Quién tiene incentivos de lucro? Quién está produciendo conocimiento bajo presión comercial versus quién está independientemente verificando riesgos.
En México 2024-2025, ese mecanismo opera cuando se abre un “debate” sobre si es “viable” proteger simultáneamente el bosques de la Primavera en Jalisco y el desarrollo económico regional. Como si ambas cosas fueran opciones políticas equivalentes. Lo que desaparece es la pregunta sobre por qué una corporación tiene más voz para determinar la “viabilidad“Que las comunidades indígenas cuya agua depende del bosque. O por qué la tala ilegal es presentación como “problema de seguridad pública” (donde entra el ejército, la Marina, discursos sobre narcotráfico) en lugar de “crimen ambiental” (donde entraría la Profepa, que fue deliberadamente debilitada).
El “debate” es así un mecanismo carsoniano de silenciamiento: transforma una cuestión de hecho (¿está siendo destruido el bosque?) en una cuestión de opinión (¿debería ser destruido?). Y en esa transformación, el poder de decidir se desplaza desde la evidencia hacia la política. Y la política está siempre condicionada por presiones económicas. México termina 2025 con instituciones ambientales debilitadas y sin capacidad operativacon mayor degradación ambiental, y con criminalizaciones activas contra defensores de territorio y ambiente. Los números son específicos, verificables, incontrovertibles.
Desde 2001 hasta 2021, México perdió más de veinte millones de acres de bosquelo que representa aproximadamente el diez por ciento de su cobertura forestal total. A mediados de 2015 a 2020, la deforestación promedia ciento veintisiete mil ochocientas hectáreas anuales. En medidas más recientes, México ocupa el quinto lugar mundial en ritmo de deforestación, perdiendo alrededor de quinientas mil hectáreas de bosques cada año. Los incendios actúan como indicadores de sequía, degradación de suelos y falta de planificación forestal. En 2024, México registró siete mil novecientos treinta y cuatro incendios entre enero y noviembre. En el trimestre inicial de 2025,
Durango ya reportaba seis mil doscientas hectáreas quemadas en noventa y siete siniestros.
Regiones específicas sufren presión particular. El Bosque de Agua y el Bosque de Niebla, ecosistemas templados y mesófilos de montaña que incluyen zonas de la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla y Veracruz, pierden hasta trece árboles diarios. Estos bosques son sistemas de recarga hídrica cruciales para millones de habitantes en el Valle de México. La Sierra Tarahumara en el norte sufre por tala ilegal. En Michoacán, la expansión aguacatera se enfrenta al crimen organizado, y apenas el treinta y uno por ciento del aguacate exportado a Estados Unidos cumple con sellos libres de deforestación. La Selva Lacandona pierde volumen ante tala clandestina. La Península de Yucatán enfrenta un auge inmobiliario que fragmenta selvas y manglares, agravado por megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya.
La crisis hídrica de 2025 evidencia la urgencia de implementar estrategias sostenibles de gestión de agua. Dos terceras partes del territorio mexicano se encuentran en situación de estrés hídrico. Ocho de las tres regiones hidrológicas administrativas del país cuentan con alto grado de presión sobre el agua. Más del setenta por ciento de los cuerpos de agua superficiales en México presentan algún grado de contaminación. Las sequías prolongadas, combinadas con mala gestión de recursos hídricos y cambio climático, han puesto en riesgo el abastecimiento en diversas regiones. Nuevo León experimentó una crisis crítica cuando la presa El Cuchillo, una de las principales fuentes de abastecimiento para el área metropolitana de Monterrey, registró niveles históricamente bajos, generando restricciones en el suministro de agua potable que afectarán a millones de habitantes e industrias dependientes del recurso.
En biodiversidad, México enfrenta pérdida alarmante de especies. apenas cua tro mil ejemplares de jaguar sobreviven. El teporingo se encuentra en grave deterioro por pérdida de hábitat. La vaquita marina cuenta con menos de diez ejemplares confirmados en 2025. El ajolote está en situación crítica en los lagos de Xochimilco debido a contaminación. El ocelote, el tapir, el manatí de las Antillas, la guacamaya roja y el lobo gris mexicano están en peligro crítico. Estos no son números especulativos. Son producto de investigación científica. Procedimiento de instituciones, censos de biodiversidad, mediciones de cobertura forestal por satélite. Existente. Están disponibles. Pero operan en un espacio de conocimiento fragmentado, no integrado en la toma de decisiones políticas.
Lo que distingue la crisis mexicana de otras crisis ambientales es que el silenciamiento ocurre dentro de un marco institucional que supuestamente existe para proteger el ambiente. No hay negación abierta. Hay, en cambio, desmantelamiento estructurado.
El 80 por ciento del presupuesto ambiental se destinó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pese a su notoria corrupción y sometimiento a los intereses de grandes concesionarios acondicionadores de agua. Todas las otras áreas del sector ambiental se enfrentaron a falta de presupuesto. Los problemas derivados fueron en cascada.
La Profepa, la institución que debería combatir los delitos ambientales como tala ilegal y pesca ilegal, perdió su capacidad operativa. El 40 por ciento del total de la captura de peces proviene de la pesca ilegal. La falta de investigación científica sobre el estado de las pesquerías en el país, agregada a la falta de fiscalización, ha llevado a que expertos califiquen el sector como abandonado. El blanqueamiento de corales que comenzó a registrarse en el Corredor Arrecifal del Sureste de México desde 2023 era predicho por científicos que ocurriría dentro de treinta años. El fenómeno se está acelerando y en forma grave. De este ecosistema depende dieciséis mil familias de pescadores.
En noviembre de 2024, las familias de pescadores que vivían en El Bosque, Tabasco, se convirtieron en los primeros desplazados climáticos de México en ser reubicados. La erosión costera que había acelerado desde 2019 borró del mapa a esa comunidad.
Cuando se examina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el balance de especialistas es negativo. Si bien reconocen avances en protección de maíces criollos, eliminación paulatina del glifosato, y no otorgamiento de nuevas concesiones mineras, el análisis global de 35 especialistas, académicos, científicas y exfuncionarias es que en política nacional de desarrollo persiste un modelo que ha conducido a pérdida ambiental y de biodiversidad. El nuevo sexenio de claudia sheinbaum comenzó en octubre de 2024 con presentación de cien compromisos de gobierno, de los cuales solo diez se enfocaban en temas ambientales. Los compromisos incluyen impulsar energías renovables, sanear los tres ríos más contaminados, atender la contaminación atmosférica de tres metrópolis, construir diez plantas recicladoras, reordenar concesiones de agua y reforestar bosques. Pero los recursos asignados serán mínimos. La Semarnat operará en 2025 con 39.4 por ciento menos de presupuesto.
Lo crucial aquí es que las promesas existen, las instituciones existen, pero los recursos que permitirían que esas instituciones actuaran han sido cortados deliberadamente. Es silenciamiento por inanición institucional. Las instituciones no pueden producir datos, no pueden monitorear, no pueden investigar. Sin capacidad de vigilancia, el conocimiento sobre magnitud real de crímenes ambientales simplemente no se genera. Sin presupuesto para operativos, la impunidad está garantizada. Y cuando no hay consecuencias, el robo de biodiversidad y recursos naturales continúa sin freno.
En 2025, México finalizó el año con fuerte criminalización de personas defensoras del ambiente y territorio. En contextos donde la tala ilegal es generada por grupos del crimen organizado con capacidad de violencia letal, documental esa tala se convierte en acto riesgoso. Los defensores que lo hacen no solo enfrentan la represión. Enfrentan la criminalización: procesos judiciales por “invasión“, por “obstrucción de comercio”, por “asociacion delictuosa“. La evidencia que podría generar y difundir se ve obstaculizada no solo por represión directa sino por saturación legal.
En algunas regiones, el crimen organizado se ha establecido control sobre espacios naturales de manera que documentar su explotación de maderas, agua o biodiversidad requiere documentar actividades del crimen organizado. Esto transforma el acto de defensa ambiental en acto de confrontación criminal. No hay “seguridad” para hacer el trabajo de documentación. No hay protección legal para quienes generan evidencia. El resultado es que el conocimiento que permitiría entender la magnitud real de degradación simplemente no se genera públicamente.
Para América Latina, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París debilitará mucho el esfuerzo climático global. Pero expertos también señalan que lo que se venía realizando hasta ahora había sido insuficiente. Las cumbres de cambio climático funcionan más como espacios de discurso de desempeño que generadores de acciones concretas.
La contribución de Rachel Carson fue mostrar que el silenciamiento ambiental no es pasivo. No es ignorancia. Es arquitectura activa de poder que desfinancia la vigilancia, criminaliza a quienes producen conocimiento incómodo, e instrumentaliza el lenguaje científico para transformar hechos en “debates”. Para concretar este análisis, es útil examinar un caso específico: el Tren Maya. Este megaproyecto de infraestructura en la Península de Yucatán encarna los mecanismos de silenciamiento epistémico en contexto de presión geopolítica.
El Tren Maya se presenta discursivamente como “desarrollo para la región”, “modernización de infraestructura”, “turismo sostenible”. Pero su implementación ha fragmentado selvas y manglares. Ha acelerado la deforestación. Ha amenazado ecosistemas críticos para la biodiversidad. La suspensión de tramos del proyecto en 2024, en respuesta a presión de ambientalistas y científicos, evidenció que los daños esperados eran de tal magnitud que incluso algunos funcionarios reconocieron la necesidad de pausa.
Pero nota lo que sucede discursivamente: el Tren Maya no es presentado como” megaproyecto“. Es presentado como “proyecto de desarrollo regional para beneficio de comunidades indígenas”. El conocimiento científico sobre los impactos ambientales existe—está disponible, fue producido, circula en espacios académicos. Pero ese conocimiento está subordinado al discurso de “desarrollo necesario”. La pregunta “¿es sostenible el Tren Maya?” está transformada en “¿cómo hacer el Tren Maya más verde?”
Carson reconocería inmediatamente este movimiento discursivo. Es transformación de una cuestión de hecho (¿se está destruyendo selva y manglar?) en una cuestión de opinión (¿cuánta destrucción es “aceptable”?). El silenciamiento no ocurre porque se niegan los impactos. ocurre porque se subordinan los impactos a narrativas de progreso, desarrollo, necesidad económica.
El análisis de la primavera silenciosa contemporánea en México y América Latina abre un espacio para repensar la naturaleza desde una perspectiva que Carson inauguró pero que necesita profundización teórica. La pregunta no es simplemente “¿cómo protegemos la naturaleza?” sino “¿qué es la naturaleza en un contexto donde su destrucción es política, donde el conocimiento sobre esa destrucción es capturado, donde los gobiernos que supuestamente la protegen participan en su silenciamiento?”
Seis décadas después de que Rachel Carson publicara Silent Spring, el mecanismo que ella documentó—captura epistémica, silenciamiento de evidencia científica, subordinación de protección ambiental a narrativas de crecimiento económico—continúa operando. Se ha cómodo. Ha incorporado nuevas dimensiones: presión geopolítica, financiación de ecosistemas, criminalización de defensores.
En México y América Latina, ese silenciamiento es especialmente virulento porque ocurre simultáneamente en múltiples niveles: institucional (debilitamiento de capacidad de vigilancia), legal (criminalización de defensores), comercial (presión para subordinar regulaciones ambientales), y geopolítico (abandono de compromisos climáticos por parte de Estados Unidos, impulso a extracción de hidrocarburos).
El resultado es una “ciencia silenciosa” donde la evidencia de que la naturaleza está siendo destruida existe, pero no circula en el espacio donde se toman decisiones. Donde el conocimiento científico es producido pero es silenciado por falta de financiamiento para investigación continua. Donde defensores que intentan documentar lo que está sucediendo son criminalizados. Donde los gobiernos que dicen proteger el ambiente participante activamente en su destrucción.
Rachel Carson no pudo ver el futuro. No pudo saber si la resistencia que ella inauguraba sería suficiente. Pero lo que sí hizo fue producir herramientas—preguntas, metodologías, formas de pensar sobre la relación entre poder y conocimiento—que continúan siendo necesarias para entender cómo es posible que en un mundo donde la evidencia del colapso ambiental es abrumadora, los gobiernos continúan eligiendo la destrucción.
La respuesta es: porque el silenciamiento es sistemático. Porque no es ignorancia sino captura. Porque hay poder financiero e institucional invertido en que los gobiernos no sepan, en que no quieran saber, en que impidan que otros sepan.
Romper ese ciclo requiere precisamente lo que hizo Carson: documentación cuidadosa, circulación pública de evidencia, y resistencia a la instrumentalización política de la ciencia. En América Latina, ese trabajo continúa. Sí es urgente. Gracias por leerme.
Abogada Constitucionalista / Doctoranda en Filosofía*
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